La muerte que destapó una red de fiestas de anestesistas con medicamentos robados en hospitales argentinos — Todos los detalles

Un trágico hallazgo en el barrio de Palermo destapa una red de suministro irregular de fármacos hospitalarios en Buenos Aires.

La justicia argentina investiga a profesionales de la salud tras la muerte de un médico, hecho que permitió identificar un circuito de sustracción de sustancias para fines ajenos a la medicina. Aquí presentamos la cronología del caso, desde el fallecimiento del anestesista hasta la vinculación con un importante centro de salud porteño.

A continuación, todo lo que se sabe: los nombres de los sospechosos, el funcionamiento de las llamadas "Propo fest" y los procedimientos judiciales realizados. También daremos detalles sobre los allanamientos y las medidas preventivas adoptadas por los centros asistenciales afectados.

La muerte de Alejandro Zalazar y el inicio de la investigación

El 20 de febrero, Alejandro Zalazar, un anestesista de 29 años que trabajaba en la guardia del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, en Buenos Aires, fue encontrado sin vida en su departamento en el barrio de Palermo. La preocupación de su familia surgió cuando el médico no se presentó a cumplir funciones en la Fundación Favaloro y no respondió a los reiterados llamados telefónicos.

Al ingresar a la vivienda en Juncal al 4600, el personal de emergencias encontró al profesional rodeado de insumos médicos descartables. Se determinó que en el lugar no había signos de violencia ni intervención de terceras personas, lo que orientó la causa inicialmente hacia una averiguación por muerte dudosa.

En el domicilio se hallaron dos sustancias potentes que no se comercializan en farmacias ni están disponibles para uso particular. La autopsia preliminar indicó una congestión y edema pulmonar, aunque se esperan los resultados toxicológicos finales para confirmar si el deceso se produjo por un exceso en el consumo de dichos fármacos.

El origen de los fármacos y la conexión con el Hospital Italiano

Tras el análisis de los medicamentos encontrados en la casa de Zalazar, los investigadores lograron establecer que las sustancias pertenecían al Hospital Italiano de Buenos Aires. Este hallazgo fue inesperado, ya que el médico fallecido no desempeñaba funciones en dicha institución. Esto motivó una denuncia formal por parte del hospital el 23 de febrero.

La investigación judicial, a cargo del juez Javier Sánchez Sarmiento, detectó una presunta administración fraudulenta que permitió la salida de las sustancias del circuito asistencial. Según los documentos de la causa, estos fármacos eran utilizados "fuera del acto médico, sin indicación clínica, sin monitoreo y en ámbitos ajenos a cualquier práctica asistencial".

A partir de los procedimientos internos, se identificó a Hernán Boveri, anestesista de planta, y a Delfina Lanusse, residente de tercer año, como los presuntos responsables de la sustracción. Ambos profesionales fueron desvinculados de la institución, que aseguró haber tomado medidas para prevenir hechos similares en el futuro.

Los implicados en el entramado de sustracción de insumos

Hernán Boveri es uno de los nombres centrales en el expediente; se trata de un profesional con Diploma de Honor de la Universidad de Buenos Aires y una trayectoria destacada en anestesiología. En su historial figura su rol como coordinador de rotaciones y su participación activa en asociaciones científicas de la especialidad antes de presentar su renuncia.

Por otro lado, Delfina Lanusse, apodada "Fini", se encontraba realizando su tercer año de residencia tras haberse formado en la Universidad Austral. Durante su indagatoria, la joven realizó un descargo verbal, mientras que Boveri optó por el silencio; ambos enfrentan ahora prohibición de contacto entre sí y de salida del país.

La causa también menciona a Chantal Leclercq, una residente del Hospital Rivadavia conocida como "Tati", quien aparece como un nexo entre los distintos actores. Aunque no está imputada, su testimonio incorporado formalmente a la causa vincula de manera directa a los protagonistas de ambas investigaciones judiciales en curso.

Las reuniones clandestinas y el fenómeno de las "Propo fest"

La investigación no solo se centra en el robo de medicación, sino también en el contexto de su uso en encuentros denominados "Propo fest". Según relatos, en estas fiestas un grupo de profesionales de distintos hospitales utilizaban los fármacos robados para fines recreativos.

Aunque muchos de estos relatos no forman parte formal del expediente judicial, la fiscalía analiza la existencia de estas reuniones en domicilios privados. La hipótesis principal descarta una maniobra de comercialización a gran escala, enfocándose en una administración fraudulenta para el consumo dentro de un círculo de conocidos.

Allanamientos y el avance de la justicia argentina

El 1 de abril, la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires fue allanada para retirar documentación vinculada a los profesionales investigados. El abogado de la entidad, Eduardo Gerome, afirmó que ellos mismos realizaron una denuncia previa y que están interesados en que los hechos se aclaren rápidamente.

Anteriormente, el 12 de marzo, la División de Organizaciones Criminales de la Policía de la Ciudad realizó allanamientos en domicilios vinculados a los sospechosos. En estos operativos se secuestraron dispositivos electrónicos e insumos descartables.

La causa podría encuadrarse en la figura de hurto o, de manera más probable, en la de administración fraudulenta, que prevé penas de hasta seis años de prisión. Mientras tanto, las instituciones médicas involucradas han iniciado sumarios internos para esclarecer cómo fallaron los protocolos de control de sustancias restringidas.

Aclaración: Como medio de comunicación, condenamos el robo de insumos médicos y cualquier práctica que comprometa la integridad pública. Este reporte se limita a informar sobre los hechos investigados por la justicia en relación con el desvío de fármacos restringidos, sin que ello implique una apología a tales actos.