Julián Muñoz enfrenta una nueva pena de cárcel

Las condenas contra el exalcalde de Marbella y el empresario Manuel Lores por el caso 'Lorcrimar' han sido confirmadas por el Alto Tribunal.

El Tribunal Supremo verificó la condena de un año, un mes y quince días al exalcalde de Marbella, Julián Muñoz, así como siete años de inhabilitación especial para cargo público impuesta por la Audiencia de Málaga, por fraude y prevaricación urbanística tras dos convenios urbanísticos.

Por otro lado, también confirmó la condena de seis meses de cárcel para Manuel Lores Romero, propietario de la sociedad beneficiaria de los convenios Promociones Lorcrimar S.L., en el 2000 y 2011, por delito de fraude, indicó ABC.

Aparentemente, la sentencia de la Audiencia de Málaga del 23 de junio de 2017 establece también que ambos condenados deben indemnizar 172.156,44 euros -más el IVA- entre ambos, por los perjuicios producidos al ayuntamiento de Marbella, y el interés legal desde la firmeza de la sentencia.

La entidad Promociones Lorcrimar SL será el responsable civil subsidiario del pago de la cantidad establecida.

Juan Antonio Roca, de 65 años de edad y quien también fue juzgado en el caso, fue absuelto, tanto de fraude como de prevaricación. Las investigaciones no pudieron dar con que él fue parte de la confección, negociación o desarrollo de los convenios.

De acuerdo a las eventualidades probadas de la sentencia, tenemos que antes de agosto de 2000, Manuel Lores Romero realizó varias gestiones en representación de la Sociedad Promociones Lorcrimar SL, entidad de la que era dueño junto con el entonces Alcalde del Ayuntamiento de Marbella, Jesús Gil y Gil.

Dichas gestiones concluyeron en un acuerdo de llevar a cabo un primer convenio de aprovechamientos urbanísticos, referido al sector Los Altos del Rodeo, de la URP-AN-3. Este acuerdo fue redactado con fecha de 17 de agosto de 2000, y no se basó en el plan de Ordenación Urbanística vigente de 1986, sino en el no aprobado en forma legal de 1998.

Por consiguiente, los magistrados de Málaga destacaron que Muñoz realizó la firma de los convenios siendo estos contrarios a ley y con un informe en contra de técnicos y con ausencia de informes jurídicos.

El Tribunal afirmó que el acuerdo lo efectuó Gil y Lores Romero, pero que fue materializado por Muñoz y el acusado a sabiendas de que este omitía documentación adecuada, la valoración previa, los informes técnicos y jurídicos, y de que no favorecía a las arcas públicas, sino a las del otro contratante.