Exalcaldesa de Madrid y siete miembros de su gobierno condenados a pagar 23 millones de euros

Condenan a Ana Botella y siete ex cargos de su Gobierno a pagar 23 millones por malvender pisos públicos a fondos buitres

El portal de noticias El País tuvo acceso a la sentencia del Tribunal de Cuentas, la cual condena a siete miembros del gobierno de la exalcaldesa del PP por vender de forma ilegal. 

La ex alcaldesa madrileña fue la "responsable directa" de que el Ayuntamiento de Madrid vendiese al grupo Fidere por debajo de precio de mercado un total de 18 promociones inmobiliarias, donde había 1.860 viviendas públicas.

Los involucrados aseguran que la entonces Junta de Gobierno no tuvo nada que ver la venta en 2013.

La sentencia señala que la operación se hizo facilitando la información privilegiada a los fondos, “sin pliegos, sin concurrencia, y sin realizar una tasación inicial. El precio de venta de todos estos inmuebles fue inferior al mínimo jurídicamente exigible".

Las viviendas públicas estaban protegidas por 128 millones de euros, 25.752.103 millones por debajo de su valor real, lo que provocó “un menoscabo injustificado en el patrimonio público”.

Aparte del gran daño económico, el Tribunal señaló otras irregularidades en la venta, como la ausencia de pliegos y de estudios técnicos, así como que en los concursos no se garantizó la libre participación.

En definitiva, concluye que la operación fue ideada para que hubiera un beneficiado. En este caso, los beneficiados fueron Fidere Gestión y Fidere Vivienda del fondo buitre Blackstone pero no las arcas públicas.

Los condenados, además de Botella, son Fermín Oslé, responsable de la empresa EMVS; Concepción Dancausa, exdelegada del Gobierno en Madrid; Diego Sanjuanbenito, actual viceconsejero de la Comunidad de Madrid; Pedro Corral, actual concejal municipal del PP; María Dolores Navarro Rey, concejal de Transparencia en Torrejón de Ardoz; José Enrique Núñez, que ostenta el cargo de viceconsejero de Justicia en el Gobierno regional, liderado por Ángel Garrido; y Paz González, exconcejal de Urbanismo y Vivienda. 

La sentencia se dio a raíz de una demanda que el Ayuntamiento presentó en el año pasado, luego de que la Cámara de Cuentas alertara en 2016 sobre las irregularidades que delataron la operación. 

La Cámara indicó que varios inquilinos tenían derecho a opción de compra, pero al venderlas en bloque se les impidió ejercerlo: “La EMSV les negó la condición de interesados".

El clima político en España ha sido ajetreado recientemente. Las calles de Sevilla se llenaron de gente hace poco, luego de que se supo el resultado de las elecciones andaluzas 2018.

Desde las 6:00 pm, cientos de personas se dirigieron a las calles después de las elecciones para expresar molestia por el auge de la ultra derecha del partido Vox y sus políticas fascistas, afirma ABC.

El centro de la ciudad se vio inundado por los furiosos cánticos que decían: “Un bote, dos botes...fascista el que no vote” y “Fuera fascistas de nuestros barrios”

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