Julián Gil enfrenta otro problema legal, ahora por la bandera de Puerto Rico

El controversial actor vuelve a los tribunales, esta vez a defender su derecho a honrar a su país en suelo de los Estados Unidos, y comparte su lucha por las redes sociales.

Los problemas legales son los grandes protagonistas en la vida de Julián Gil, y en esta oportunidad su conflicto es con el ayuntamiento de Miami, debido a un enorme mural que adorna la fachada del restaurant "La Placita", que se inauguró en el casco histórico de la ciudad de Miami.

“Con mucho amor cuando se decidió abrir @laplacitamiami quisimos enaltecer la cultura puertorriqueña, no solo con la comida sino con un lugar que nos representara de la mejor manera”, explicaba Julián a través de su cuenta en Instagram.

“El artista Boricua @hectorpr con su talento logró una obra de arte al plasmar nuestra bandera en el restaurante... Hoy a casi un año tenemos la audiencia final para decidir si se va o no se va la bandera”, continúa contando el actor.

El argumento de las autoridades, es que al estar ubicado el establecimiento en una zona declarada como histórica, no se pueden hacer murales en las paredes externas; solo se puede pintar en forma convencional y de ciertos colores predeterminados. Dicen que no le impiden decorar utilizando la bandera de Puerto Rico, pero debe valerse de luces de neón u otros artilugios.

Sin embargo, para Gil y sus socios, el problema aquí es el racismo de sus vecinos que rechazan la presencia del restaurant en su zona, y han sido acosados, multados y demandados a los largo de estos meses, buscando el cierre del establecimiento.

“A nosotros nos dieron el permiso, nosotros no podíamos haber pintado semejante bandera, en un edificio tan grande sin tener los permisos”, dijo Gil, por lo cual ahora se siente víctima del sistema.

Su mensaje en las redes sociales termina explicando que su lucha va más allá de la defensa de sus derechos y de su libertad de expresión, su lucha es hacer que se respete a los latinos que están en Estados Unidos.

Al día siguiente, en una publicación bastante escueta y escrita desde un sentimiento de fracaso, Julián informó que habían sido víctimas de discriminación. Las autoridades decidieron que si bien podía dejar la bandera, debía usar los colores permitidos en esa zona de la ciudad.

Esto es inaceptable para el grupo de socios, no solo por lo que significa para su cultura la modificación de uno de sus símbolos patrios, sino también por el costo que tendría remover el mural o cambiarle el color, el cual sería por encima de los 100.000 dólares.