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27 de mayo de 2021

Caso Julen: el dueño de la finca donde murió el niño podría ir a prisión por impago de la indemnización

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Por segunda vez desde que se leyó la sentencia, el dueño de la finca donde falleció Julen se retrasa en los pagos. El juez le da una última advertencia. 

David Serrano sigue en libertad luego de abonar los 200 euros que le adeudaba a los padres de Julen. Esta sería la segunda vez que incurre en la misma conducta.

Sin embargo, en esta oportunidad el juez le advirtió que de incumplir nuevamente con sus obligaciones irá a prisión en forma inmediata.

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LA SENTENCIA

“En nuevos incumplimientos se podrá acordar la revocación de la suspensión sin tan siquiera iniciar el trámite de audiencia, ni oír al fiscal y demás partes personadas”, informó el juzgado, según cita Europa Press.

El caso Julen acaparó la atención mundial durante los 13 días que duraron las labores de rescate. El pequeño niño de apenas 2 años cayó en un pozo de más de 70 metros de profundidad.

El pozo estaba ubicado en una finca perteneciente a David Serrado, ubicada en Totalán, España, y no estaba señalizado. Tras una intensa batalla legal, el propietario fue acusado por la muerte de Julen.

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El juez titular del juzgado de lo penal de Málaga, Ignacio Navas, dictó sentencia el 21 de enero de 2020. Serrano debía pasar un año en prisión y pagar 180 mil euros a los padres del niño.

También debería pagar 663.982,45 euros a la Junta de Andalucía para cubrir los gastos que ocasionaron las labores de rescate del pequeño.

Victoria García y José Roselló recibieron por parte de Serrano un pago inicial de 25 mil euros y se acordaron cuotas de 50 euros mensuales. Estos pagos se mantendrían hasta que el acusado obtuviera mejores ingresos, en cuyo caso se modificaría este monto.

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Sin embargo, en diciembre de 2020 se había retrasado por 10 meses. Los padres de Julen solicitaron que fuera revocado el beneficio de la suspensión.

Ante la posibilidad de terminar en la cárcel, los abogados de Serrano pagaron la cantidad adeudada. Pero la situación se repitió, y en esta ocasión los padres no esperaron tanto para elevar su queja.

“No se entiende que el referido penado no haya venido cumpliendo de forma puntual cada mes con el pago de esos 50 euros, que respecto del importe total de la cantidad estipulada en concepto de responsabilidad civil es una cifra irrisoria”, señaló el juzgado.

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