Reina Elizabeth II: la ley que garantiza a la monarca mantener su fortuna en secreto

La vida de la reina Elizabeth II siempre ha sido del interés del público, sin embargo, hay muchos aspectos que no se conocen.

Uno de ellos es el valor real de su fortuna, al cual muy pocas personas tienen acceso. Esto podría deberse a que la reina impulsó una ley para que esta información no fuese revelada.

De acuerdo a lo reseñado por el portal The Guardian, hay una serie de documentos que datan del año 1973, en donde se demuestra que los abogados de la monarca presionaron a los ministros para que cambiaran un proyecto de ley, con el propósito de mantener en secreto el patrimonio de Elizabeth II.

Matthew Farrer, socio del prestigioso bufete de abogados Farrer & Co, visitó a funcionarios del Departamento de Comercio e Industria para discutir las medidas de transparencia propuestas en el proyecto de ley de empresas.

Edward Heath, quien era el Primer Ministro británico en esa época, presentó la propuesta de ley que buscaba eximir a las empresas utilizadas por los jefes de Estado de las nuevas medidas.

El ministro de Comercio conservador, Geoffrey Howe, propuso que el gobierno insertara una nueva cláusula secreta en el proyecto de ley que otorgaría al gobierno el poder de eximir a ciertas empresas del requisito de declarar la identidad de sus accionistas.

Por otra parte, el gobierno tenía la intención de crear una empresa fantasma a través de la cual una serie de estos inversores pudieran tener acciones.

De esa forma, cualquier miembro curioso del público sería incapaz de precisar cuáles de las acciones propiedad de la empresa estaban a nombre de la reina.

Por otra parte, el portal Quién manchó que para todo este proceso se usó procedimiento parlamentario arcano, conocido como “el consentimiento de la reina”, para influir discretamente en la formación de las leyes británicas.

Este es totalmente diferente al “asentimiento real”, en donde Elizabeth II debe firmar todas las leyes aprobadas en Westminster para darles validez.

Finalmente, se puede decir que el “consentimiento de la reina”, obliga a los ministros a dar aviso a la monarca cuando una ley pueda afectar la prerrogativa real o los intereses privados de la corona.