"¿Quién puede pagar € 700 de alquiler? No es real": abuela intenta evitar el desalojo

El pequeño piso de Alicia Madoño, que mide 50 metros cuadrados en Usera, uno de los barrios más humildes de Madrid, protagoniza las penalidades de la historia de la vivienda en España en esta última década.

Desde hace 15 años, Alicia está sufriendo por su casa y aunque la compró en 2004 y ya no es suya. En el 2010, la corrieron del lugar por no poder afrontar la hipoteca y el banco se quedó con el inmueble.

Sin embargo, la entidad bancaria permitió que ella residiera allí en calidad de inquilina, pero luego en 2016 el piso fue vendido a un fondo de inversión, que ahora quiere volver a echar a Alicia en mayo, cuando afirman que se acaba su contrato.

Alicia viajó desde Perú en 2003, pero ella tiene nacionalidad española y realmente no tiene esperanzas de que los políticos solucionen su problema de encontrar piso.

“Miran para otro lado, no quieren ver lo que la gente está sufriendo, lo que está pagando, no quieren verlo. Somos mucha gente que vive sometida, sin saber dónde va a vivir. ¿Quién puede pagar 700, 800 euros de alquiler? No es real”, asegura.

Y continuó: “Para mucha gente es imposible, con los sueldos que hay en España. ¿Qué hacemos, pagamos el alquiler y no comemos, no bebemos? Somos humanos. La vivienda no es un lujo, es un derecho, y pagamos nuestros impuestos”, dijo Alicia entre lágrimas.

Alicia vive con su hijo, su hija y sus tres nietos. En total son seis personas en un piso de dos habitaciones, salón, cocina y baño. Paga 400 euros de alquiler y su sueldo es de 700, cuidando ancianos.

La casa es un tercero interior sin ascensor por el que pagó 260.000 euros. Ya era una barbaridad en Usera en 2004, pero ella tenía dos trabajos, su hijo también, y pagaban 1.600 euros de hipoteca, hasta que llegó la crisis y se quedaron sin trabajo.

Alicia logró que el banco le perdonara su deuda en 2017, pero el fondo de inversión que ha comprado ahora el piso solo ha pagado por él 46.000 euros, según ha descubierto por su derecho de compra.

“Lo peor es que pagando te pasa esto, no es por no pagar, yo siempre he pagado, hasta cuando no podía con la hipoteca seguí pagando la mitad. Si te van echando cada tres años de un barrio a otro, ¿vamos a tener que estar cambiando a los niños de colegio, de vida, cada tres años?”, dijo.

Ahora, Alicia se unió al Sindicato de Inquilinos, una organización que surgió hace dos años para defender estos casos. Así que ella piensa mantenerse firme y luchar hasta el final.

“Ya le puede pasar a cualquiera, la gente se cree que no le va a tocar. No es solo a gente de condición más humilde, es a cualquiera con un contrato que venza. La situación es de absoluta emergencia”, expresó Mercedes Revuelta, de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), surgida en 2009 con el estallido de la burbuja inmobiliaria y que ahora ya gestiona más casos de desahucio por alquiler.

“Tenemos que tener un presupuesto estatal digno para vivienda. No puede ser que el País Vasco tenga mayor presupuesto que el del Gobierno central”. Asimismo, piden regular la actividad de los fondos de inversión, como en Bélgica, Francia y el Reino Unido, para que tengan restricciones a la especulación.

En otra organización sin fines de lucro, llamada Provivienda, gestionan 67 mil 887 inmuebles en 10 comunidades autónomas.

“Estamos ante una de las mayores crisis de vivienda asequible en España, no hay. Mucha gente no puede pagar los alquileres del mercado, solo pueden optar a vivienda social, y tampoco hay”, explicó Natalia Palomar.

Trascendió que hay 400.000 personas inscritas en los registros autonómicos de solicitud de vivienda pública y España necesitaría 1,5 millones de viviendas sociales.

Así que Provivienda considera que el presupuesto en políticas de vivienda debería llegar paulatinamente hasta el 1,5% del PIB, en la línea de otros países europeos.